La inmigración en España. Cifras, imágenes y percepciones.
A finales del pasado mes de julio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó las cifras provisionales de la población residente en España a 1 de enero de 2006. Según este avance del Padrón Municipal, el total de residentes es de 44,39 millones de personas, de las que 3.884.573 son extranjeras, un 8,7% del conjunto de la población. El panorama sobre la inmigración en España que se deduce de este avance ratifica, en buena medida, el perfil y las características consolidadas en los últimos cinco años. El mayor colectivo de residentes extranjeros es el marroquí (535.009 personas), aunque hay que destacar el protagonismo de la inmigración latinoamericana, particularmente ecuatoriana (399.585) y colombiana (238.582). Igualmente, es destacable el aumento de la inmigración desde Europa del Este y, dentro de ella, la procedente de Rumanía (381.955 nacionales residentes). La desigual distribución residencial se acentúa ligeramente, aunque se mantienen los mismos polos de atracción: Catalunya, Madrid, País Valencià y Andalucía concentran el 68,6% de la población extranjera residente en España. Por último, para completar este breve panorama, cabe destacar el carácter familiar, permanente, de buena parte de la inmigración, como indica la tendencia a una sex-ratio más equilibrada y la creciente presencia de menores (578.400 extranjeros tenían menos de 16 años).
En realidad, el cambio de tendencia más destacable que se deduce de la cifras del INE es la disminución de la intensidad de los flujos migratorios. En el año 2005, la población residente extranjera creció en 153.990 personas, un aumento del 4%, lo que supone una reducción muy significativa respecto a años anteriores (1). De acuerdo con las cifras oficiales, la población extranjera incluso ha disminuido en la Comunidad de Madrid (-10,9%) y la de Illes Ballears (-1,82). Se trata de un cambio meramente estadístico, del que resulta muy difícil conocer en qué medida responde a la realidad.
El INE no ha contabilizado 492.952 residentes extracomunitarios, inscritos en el Padrón de un municipio, pero que no habían renovado su inscripción en los últimos dos años. Como han insistido los portavoces del INE, la medida es el cumplimiento de la Ley 14/2003 que establece la obligatoriedad de renovar la inscripción padronal cada dos años para los residentes extracomunitarios que no dispongan de permiso de residencia permanente. Como tantos otros preceptos de esa misma Ley, se concede un trato desigual según la situación administrativa del extranjero, dado que nacionales, comunitarios y residentes permanentes no están –estamos– sujetos a dicha obligación. Ni, por supuesto, nos exponemos a semejante sanción por parte del INE. ¿Por qué no se han renovado esas inscripciones padronales? Según el INE, estos extranjeros pueden haber salido de España, pueden haber sido inscritos “indebidamente sin estar en el país” o pueden que no hayan renovado “por falta de información sobre la obligación legal de hacerlo” (2). Abona esta tercera hipótesis el hecho de que, siempre según el Instituto oficial, Madrid y Palma de Mallorca sean las grandes ciudades que destacan por la escasa renovación de los registros así como por la falta de información específica. Que una buena parte de los inmigrantes afectados desconocían su obligación legal parece indudable. Como también lo es que muchos de ellos, no sabemos en qué proporción, continúan siendo nuestros vecinos, aunque no figuren en la contabilidad nacional.
¿Cuántos indocumentados tenemos?
Los datos del Padrón de 2006 se hicieron públicos en pleno debate sobre la llegada masiva de cayucos a Las Canarias y las críticas del PP a la política de inmigración del Gobierno, en particular al efecto llamada supuestamente generado por el último proceso de regularización. En ese escenario, la lectura de los datos proporcionados por el INE fue radicalmente distinta entre los diversos actores políticos y orientada, de forma espectacular, por las distintas estrategias. Así, hemos tenido muchas y diferentes respuestas a la pregunta de ¿cuántos indocumentados tenemos? La variedad de aproximaciones a la cifra de indocumentados la podemos agrupar en tres modalidades de cálculo.
Un primer tipo de cálculo añade a la población extranjera los 492.952 residentes no contabilizados por el INE. Se considera, en la práctica, que todos ellos continúan en España. De acuerdo con esta opción, que podemos denominar máxima, residen en España 1.638.593 extranjeros sin permiso. Ésta es la tesis del PP, que ha insistido de forma entusiasta en dicha cifra. Tal número de indocumentados, más las imágenes de los cayucos, legitiman sus críticas al “descontrol de las fronteras” y a los efectos perversos de la “regularización socialista”.
De acuerdo con el segundo cálculo, sobre la base de los datos provisionales del INE, el número de indocumentados sería de 1.145.641. En este caso, sólo un tercio de la población extranjera reside de forma irregular en territorio español. Esta cifra incluye a los nacionales de la Unión Europea que residen en España, lo que constata su inscripción padronal, pero que carecen de tarjeta o autorización de residencia (3).
En otros casos, tercera alternativa, el número de indocumentados se calcula tomando como base la población extracomunitaria empadronada y el número de permisos, lo que haría 798.812 residentes en situación irregular. Entre otros medios, El País y La Vanguardia han realizado este tipo de aproximación, aunque con resultados parcialmente diferentes a los aquí expuestos (4). Aunque no se explicite, este cálculo se basa en la idea de que el “problema” social que constituyen los “indocumentados” o “ilegales” se refiere a los extracomunitarios. No deben, pues, contabilizarse los nacionales de la Unión Europea que viven en España sin tarjeta de residente dado que su irregularidad administrativa no tiene las mismas consecuencias sociales. El PSOE, por su parte, reduce el número de extracomunitarios indocumentados, ya que, afirma, no deben contabilizarse como irregulares a las personas que están tramitando la renovación de su permiso.
Al margen del debate sobre los criterios utilizados, sí parece que podemos avanzar algunas conclusiones, aunque sea de forma provisional. Si nos centramos en los residentes extracomunitarios, el número de indocumentados se redujo en algo más de la mitad durante el pasado año. Hemos pasado de 1.650.006 indocumentados en enero de 2005 –la herencia de Aznar en materia de inmigración– a 798.812 en enero de 2006. Sin embargo, el número de indocumentados continúa siendo muy importante. Como cabía esperar, los efectos de la regularización laboral de 2005 –577.923 permisos concedidos– han sido limitados dado que los factores estructurales que generan indocumentados continúan operando.
Factores de la inmigración indocumentada
A pesar de las imágenes de las pateras, antes, y de los cayucos, ahora, la entrada irregular en territorio español por estas vías constituye un aspecto muy minoritario, aunque de la máxima visibilidad mediática. La inmensa mayoría de los inmigrantes ingresan de forma perfectamente legal, con un visado de turista, a través de los aeropuertos internacionales –en el caso de los sudamericanos– o de las fronteras terrestres de la Unión (mayoritariamente la frontera austríaca, en el caso de los europeos del Este). Dado que no se trata de turistas, prolongan su estancia más allá de los tres meses de su visado, con lo que se transforman en irregulares. En la inmensa mayoría de los casos, esta situación ha constituido el inicio de un proceso, más o menos largo, en el que el inmigrante trabajaba, obviamente de forma irregular, aumentaba sus relaciones y contactos y podía presentarse a una u otra regularización. Desde el año 2000 hasta el año 2005, 1.036.124 inmigrantes obtuvieron de esta forma sus ansiados papeles (458.201 con el Gobierno del PP, el resto con el último proceso).
La inmigración indocumentada se ha transformado en el caso español, como en otros países europeos, en un fenómeno estructural generado por factores de difícil transformación, al menos a corto plazo. El verdadero efecto llamada lo constituye un largo período de expansión económica, con una fuerte demanda de mano de obra “inmigrante” (flexible, barata y maleable) y con una amplía presencia de la economía sumergida. Esta situación ofrece la posibilidad de trabajar, aunque sea de forma irregular y, obviamente, sin contrato. En los países de origen, más que las penalidades del ausente, lo que destaca son sus envíos de dinero, la casa que se está construyendo y la esperanza de un futuro mejor para sí y los suyos.
Otro factor que fomenta la irregularidad es el carácter muy restrictivo de la legislación de extranjería, lo que dificulta extraordinariamente el objetivo proclamado de que “vengan con contrato” y hace inevitable –con Gobiernos del PP y del PSOE– el recurso a procedimientos extraordinarios para legalizar lo que es una realidad. A ello hay que añadir las dificultades administrativas, sociales y funcionales de un riguroso control de fronteras y de permanencias en un mundo globalizado, máxime cuando España constituye un destino turístico que recibió 54 millones de visitantes el pasado año.
Respecto a la inmigración indocumentada tenemos, como sociedad, una visión abiertamente contradictoria. Por un lado, el “ilegal” constituye la plasmación de los peligros de la inmigración. Por otro, la inmigración indocumentada constituye un factor básico de la competitividad de sectores intensivos en mano de obra (agricultura, peonaje de construcción, hostelería), así como de la calidad de vida a bajo precio de amplias capas medias (servicio doméstico). Un reciente estudio de Caixa Catalunya calcula que, sin los inmigrantes, el PIB podría haber retrocedido una media anual del 1% en el periodo 1995-2005, pero en cambio ha aumentado el 3,6% medio anual (5). Y, no lo olvidemos, buena parte de tales inmigrantes han sido indocumentados.
El impacto de los cayucos
Desde enero de 2006 hasta la fecha, 22.000 candidatos a la inmigración han llegado a las Islas Canarias. Tres “crisis”, como se denomina en la prensa, en marzo, mayo y agosto, han marcado los puntos álgidos de llegadas. Más allá del drama humano que representa –¿cuántos no llegaron?–, del desbordamiento indudable de los centros de internamiento y de los dispositivos arbitrados por el Gobierno canario y central, la importancia de los cayucos reside en las imágenes, elevadas a categoría de símbolo. Objetivamente, podría afirmarse que esta cifra supone un 2,5% del total de residentes indocumentados, aunque, obviamente, concentrados en un territorio limitado. Sin embargo, lo fundamental no es su número sino su impacto.
La reiterada llegada de cayucos y, sobre todo, su presencia día tras día en los telediarios, los ha convertido en un símbolo de desbordamiento, descontrol y vulnerabilidad. Durante estos meses, las noticias más reiteradas sobre inmigración han tenido como titulares la “avalancha”, la “crisis migratoria”, las devoluciones, las gestiones con diversos Gobiernos africanos y las quejas del Gobierno canario, que llegó a solicitar, el pasado 20 de agosto, la intervención de la ONU ante la situación de emergencia.
Thomas, un sociólogo de la Escuela de Chicago de los años veinte, afirmaba que si una situación es definida como real, aunque no lo sea, será real en sus consecuencias. De acuerdo con las encuestas, la preocupación ciudadana por la inmigración no ha dejado de crecer en los últimos meses, hasta constituir el segundo problema más destacado, inmediatamente después del paro. Se conforma así una situación en la que la necesidad de controlar los flujos y devolver a los irregulares a sus lugares de origen pasa a conformarse como la primera de las prioridades, en un terreno particularmente propicio a las tesis del PP, máxime cuando desde la oposición puede obviar los requerimientos de la acción de gobierno.
¿Una nueva pugna retórica?
La acción del Gobierno para afrontar la crisis se ha concretado en tres líneas de actuación. Por un lado, a corto plazo, después de varios intentos fallidos se está aplicando el acuerdo de repatriación con Senegal, además de negociar acuerdos de readmisión con otros países africanos (6). Por otro, dado las limitaciones y el retraso del dispositivo europeo Frontex, se han incrementado los dispositivos navales y aéreos de control de la zona marítima, primero en colaboración con Mauritania y después con Senegal. Una y otra línea plasman la determinación del Ejecutivo de aumentar el control y expulsar a los llegados en cayucos. Además, la tercera línea se concreta en las ayudas al desarrollo de los países de origen como forma de paliar, a medio plazo, el flujo migratorio y, no nos engañemos, como factor de presión y “compensación” a los Gobiernos africanos respectivos.
Más tarde hemos asistido al publicitado “giro” en la política de inmigración. Los mensajes de firmeza y la retórica de ley y orden se han sucedido en los últimos días. Como parte de ese giro, el partido en el Gobierno ha afirmado su rechazo a posibles nuevas regularizaciones. ¿Qué hacer, entonces, con los 800.000 residentes irregulares?, ¿cómo normalizar su situación?, ¿alguien cree posible y positiva su expulsión? Se trata de un compromiso que hipoteca actuaciones futuras y que supone un reconocimiento implícito de las tesis del PP sobre las consecuencias perversas del último proceso.
Con unas encuestas contrarias y una preocupación extendida, el “giro” sólo tiene un sentido: entrar en la pugna retórica con el PP para mostrar quién es más duro y más firme. Sin embargo, como muestra la experiencia, ése es el terreno predilecto de la derecha. Así, el PP ya ha pedido que se inscriba en la ley la prohibición de realizar regularizaciones extraordinarias, que la dirección de la política de inmigración vuelva al Ministerio del Interior y que sólo puedan inscribirse en el Padrón los inmigrantes legales (7). Por otro lado, las consecuencias de dicha línea ya las vimos con el Gobierno de Aznar: retórica populista, récord histórico de indocumentados y aumento de las actitudes y opiniones populares recelosas respecto a la inmigración.
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(1) De acuerdo con las series del INE, la población extranjera aumentó en 694.652 residentes en el año 2002, un 25,9% anual; 361.730 más en 2003, un 11,9 %; y 696.284 en 2004, el 18,6%.
(2) Nota de prensa (INE, 25 de julio de 2006).
(3) Cuando la estancia de un nacional de la Unión Europea en otro Estado miembro distinto del suyo se prolonga más de tres meses o seis meses, según los Estados, se debe comunicar la residencia a las autoridades nacionales y al consulado respectivo. La autorización es cuasi automática y tiene efecto de registro. En España, estas situaciones se contemplan en el llamado régimen comunitario. En términos generales, la inmigración comunitaria laboral dispone de tarjeta de residencia, pero una parte muy importante de la inmigración estrictamente residencial, “los jubilados”, no. Entre otras razones, porque no la necesitan para su vida cotidiana. Así, en enero de 2006, figuraban 274.042 británicos empadronados, pero sólo 149.071 disponían de algún tipo de tarjeta y/o autorización. En el caso de los alemanes, los 150.157 empadronados contrastaban con las 71.513 tarjetas de régimen general contabilizadas.
(4) El País del 26 de julio de 2006 cifra en 1.010.409 el número de irregulares. La Vanguardia, de la misma fecha, titulaba su artículo “España vuelve a tener 800.000 sin papeles”.
(5) El Periódico de Catalunya, 29 de agosto de 2006
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(6) Hay conversaciones con Cabo Verde, Guinea-Conatry, Sierra Leona y Camerún, iniciadas en mayo de 2006 (El País, 26 de mayo de 2006).
(7) El País, 12 de septiembre de 2006.
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