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OTROCÁCERES

Inmigración

La inmigración en España. Cifras, imágenes y percepciones.

Articulo de Francisco Torres publicado en Página Abierta en octubre de 2006 sobre la cifras de inmigrantes (segun los datos de INE) de los que se deduce, a pesar de las percepciones y "campañas" en sentido contrario, una disminución de la intensidad de los flujos migratorios.


A finales del pasado mes de julio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó las cifras provisionales de la población residente en España a 1 de enero de 2006. Según este avance del Padrón Municipal, el total de residentes es de 44,39 millones de personas, de las que 3.884.573 son extranjeras, un 8,7% del conjunto de la población. El panorama sobre la inmigración en España que se deduce de este avance ratifica, en buena medida, el perfil y las características consolidadas en los últimos cinco años. El mayor colectivo de residentes extranjeros es el marroquí (535.009 personas), aunque hay que destacar el protagonismo de la inmigración latinoamericana, particularmente ecuatoriana (399.585) y colombiana (238.582). Igualmente, es destacable el aumento de la inmigración desde Europa del Este y, dentro de ella, la procedente de Rumanía (381.955 nacionales residentes). La desigual distribución residencial se acentúa ligeramente, aunque se mantienen los mismos polos de atracción: Catalunya, Madrid, País Valencià y Andalucía concentran el 68,6% de la población extranjera residente en España. Por último, para completar este breve panorama, cabe destacar el carácter familiar, permanente, de buena parte de la inmigración, como indica la tendencia a una sex-ratio más equilibrada y la creciente presencia de menores (578.400 extranjeros tenían menos de 16 años).
En realidad, el cambio de tendencia más destacable que se deduce de la cifras del INE es la disminución de la intensidad de los flujos migratorios. En el año 2005, la población residente extranjera creció en 153.990 personas, un aumento del 4%, lo que supone una reducción muy significativa respecto a años anteriores (1). De acuerdo con las cifras oficiales, la población extranjera incluso ha disminuido en la Comunidad de Madrid (-10,9%) y la de Illes Ballears (-1,82). Se trata de un cambio meramente estadístico, del que resulta muy difícil conocer en qué medida responde a la realidad.
El INE no ha contabilizado 492.952 residentes extracomunitarios, inscritos en el Padrón de un municipio, pero que no habían renovado su inscripción en los últimos dos años. Como han insistido los portavoces del INE, la medida es el cumplimiento de la Ley 14/2003 que establece la obligatoriedad de renovar la inscripción padronal cada dos años para los residentes extracomunitarios que no dispongan de permiso de residencia permanente. Como tantos otros preceptos de esa misma Ley, se concede un trato desigual según la situación administrativa del extranjero, dado que nacionales, comunitarios y residentes permanentes no están –estamos– sujetos a dicha obligación. Ni, por supuesto, nos exponemos a semejante sanción por parte del INE. ¿Por qué no se han renovado esas inscripciones padronales? Según el INE, estos extranjeros pueden haber salido de España, pueden haber sido inscritos “indebidamente sin estar en el país” o pueden que no hayan renovado “por falta de información sobre la obligación legal de hacerlo” (2). Abona esta tercera hipótesis el hecho de que, siempre según el Instituto oficial, Madrid y Palma de Mallorca sean las grandes ciudades que destacan por la escasa renovación de los registros así como por la falta de información específica. Que una buena parte de los inmigrantes afectados desconocían su obligación legal parece indudable. Como también lo es que muchos de ellos, no sabemos en qué proporción, continúan siendo nuestros vecinos, aunque no figuren en la contabilidad nacional.

¿Cuántos indocumentados tenemos?

Los datos del Padrón de 2006 se hicieron públicos en pleno debate sobre la llegada masiva de cayucos a Las Canarias y las críticas del PP a la política de inmigración del Gobierno, en particular al efecto llamada supuestamente generado por el último proceso de regularización. En ese escenario, la lectura de los datos proporcionados por el INE fue radicalmente distinta entre los diversos actores políticos y orientada, de forma espectacular, por las distintas estrategias. Así, hemos tenido muchas y diferentes respuestas a la pregunta de ¿cuántos indocumentados tenemos? La variedad de aproximaciones a la cifra de indocumentados la podemos agrupar en tres modalidades de cálculo.
Un primer tipo de cálculo añade a la población extranjera los 492.952 residentes no contabilizados por el INE. Se considera, en la práctica, que todos ellos continúan en España. De acuerdo con esta opción, que podemos denominar máxima, residen en España 1.638.593 extranjeros sin permiso. Ésta es la tesis del PP, que ha insistido de forma entusiasta en dicha cifra. Tal número de indocumentados, más las imágenes de los cayucos, legitiman sus críticas al “descontrol de las fronteras” y a los efectos perversos de la “regularización socialista”.
De acuerdo con el segundo cálculo, sobre la base de los datos provisionales del INE, el número de indocumentados sería de 1.145.641. En este caso, sólo un tercio de la población extranjera reside de forma irregular en territorio español. Esta cifra incluye a los nacionales de la Unión Europea que residen en España, lo que constata su inscripción padronal, pero que carecen de tarjeta o autorización de residencia (3).
En otros casos, tercera alternativa, el número de indocumentados se calcula tomando como base la población extracomunitaria empadronada y el número de permisos, lo que haría 798.812 residentes en situación irregular. Entre otros medios, El País y La Vanguardia han realizado este tipo de aproximación, aunque con resultados parcialmente diferentes a los aquí expuestos (4). Aunque no se explicite, este cálculo se basa en la idea de que el “problema” social que constituyen los “indocumentados” o “ilegales” se refiere a los extracomunitarios. No deben, pues, contabilizarse los nacionales de la Unión Europea que viven en España sin tarjeta de residente dado que su irregularidad administrativa no tiene las mismas consecuencias sociales. El PSOE, por su parte, reduce el número de extracomunitarios indocumentados, ya que, afirma, no deben contabilizarse como irregulares a las personas que están tramitando la renovación de su permiso.
Al margen del debate sobre los criterios utilizados, sí parece que podemos avanzar algunas conclusiones, aunque sea de forma provisional. Si nos centramos en los residentes extracomunitarios, el número de indocumentados se redujo en algo más de la mitad durante el pasado año. Hemos pasado de 1.650.006 indocumentados en enero de 2005 –la herencia de Aznar en materia de inmigración– a 798.812 en enero de 2006. Sin embargo, el número de indocumentados continúa siendo muy importante. Como cabía esperar, los efectos de la regularización laboral de 2005 –577.923 permisos concedidos– han sido limitados dado que los factores estructurales que generan indocumentados continúan operando.

Factores de la inmigración indocumentada

A pesar de las imágenes de las pateras, antes, y de los cayucos, ahora, la entrada irregular en territorio español por estas vías constituye un aspecto muy minoritario, aunque de la máxima visibilidad mediática. La inmensa mayoría de los inmigrantes ingresan de forma perfectamente legal, con un visado de turista, a través de los aeropuertos internacionales –en el caso de los sudamericanos– o de las fronteras terrestres de la Unión (mayoritariamente la frontera austríaca, en el caso de los europeos del Este). Dado que no se trata de turistas, prolongan su estancia más allá de los tres meses de su visado, con lo que se transforman en irregulares. En la inmensa mayoría de los casos, esta situación ha constituido el inicio de un proceso, más o menos largo, en el que el inmigrante trabajaba, obviamente de forma irregular, aumentaba sus relaciones y contactos y podía presentarse a una u otra regularización. Desde el año 2000 hasta el año 2005, 1.036.124 inmigrantes obtuvieron de esta forma sus ansiados papeles (458.201 con el Gobierno del PP, el resto con el último proceso).
La inmigración indocumentada se ha transformado en el caso español, como en otros países europeos, en un fenómeno estructural generado por factores de difícil transformación, al menos a corto plazo. El verdadero efecto llamada lo constituye un largo período de expansión económica, con una fuerte demanda de mano de obra “inmigrante” (flexible, barata y maleable) y con una amplía presencia de la economía sumergida. Esta situación ofrece la posibilidad de trabajar, aunque sea de forma irregular y, obviamente, sin contrato. En los países de origen, más que las penalidades del ausente, lo que destaca son sus envíos de dinero, la casa que se está construyendo y la esperanza de un futuro mejor para sí y los suyos.
Otro factor que fomenta la irregularidad es el carácter muy restrictivo de la legislación de extranjería, lo que dificulta extraordinariamente el objetivo proclamado de que “vengan con contrato” y hace inevitable –con Gobiernos del PP y del PSOE– el recurso a procedimientos extraordinarios para legalizar lo que es una realidad. A ello hay que añadir las dificultades administrativas, sociales y funcionales de un riguroso control de fronteras y de permanencias en un mundo globalizado, máxime cuando España constituye un destino turístico que recibió 54 millones de visitantes el pasado año.
Respecto a la inmigración indocumentada tenemos, como sociedad, una visión abiertamente contradictoria. Por un lado, el “ilegal” constituye la plasmación de los peligros de la inmigración. Por otro, la inmigración indocumentada constituye un factor básico de la competitividad de sectores intensivos en mano de obra (agricultura, peonaje de construcción, hostelería), así como de la calidad de vida a bajo precio de amplias capas medias (servicio doméstico). Un reciente estudio de Caixa Catalunya calcula que, sin los inmigrantes, el PIB podría haber retrocedido una media anual del 1% en el periodo 1995-2005, pero en cambio ha aumentado el 3,6% medio anual (5). Y, no lo olvidemos, buena parte de tales inmigrantes han sido indocumentados.

El impacto de los cayucos

Desde enero de 2006 hasta la fecha, 22.000 candidatos a la inmigración han llegado a las Islas Canarias. Tres “crisis”, como se denomina en la prensa, en marzo, mayo y agosto, han marcado los puntos álgidos de llegadas. Más allá del drama humano que representa –¿cuántos no llegaron?–, del desbordamiento indudable de los centros de internamiento y de los dispositivos arbitrados por el Gobierno canario y central, la importancia de los cayucos reside en las imágenes, elevadas a categoría de símbolo. Objetivamente, podría afirmarse que esta cifra supone un 2,5% del total de residentes indocumentados, aunque, obviamente, concentrados en un territorio limitado. Sin embargo, lo fundamental no es su número sino su impacto.
La reiterada llegada de cayucos y, sobre todo, su presencia día tras día en los telediarios, los ha convertido en un símbolo de desbordamiento, descontrol y vulnerabilidad. Durante estos meses, las noticias más reiteradas sobre inmigración han tenido como titulares la “avalancha”, la “crisis migratoria”, las devoluciones, las gestiones con diversos Gobiernos africanos y las quejas del Gobierno canario, que llegó a solicitar, el pasado 20 de agosto, la intervención de la ONU ante la situación de emergencia.
Thomas, un sociólogo de la Escuela de Chicago de los años veinte, afirmaba que si una situación es definida como real, aunque no lo sea, será real en sus consecuencias. De acuerdo con las encuestas, la preocupación ciudadana por la inmigración no ha dejado de crecer en los últimos meses, hasta constituir el segundo problema más destacado, inmediatamente después del paro. Se conforma así una situación en la que la necesidad de controlar los flujos y devolver a los irregulares a sus lugares de origen pasa a conformarse como la primera de las prioridades, en un terreno particularmente propicio a las tesis del PP, máxime cuando desde la oposición puede obviar los requerimientos de la acción de gobierno.

 



¿Una nueva pugna retórica?

La acción del Gobierno para afrontar la crisis se ha concretado en tres líneas de actuación. Por un lado, a corto plazo, después de varios intentos fallidos se está aplicando el acuerdo de repatriación con Senegal, además de negociar acuerdos de readmisión con otros países africanos (6). Por otro, dado las limitaciones y el retraso del dispositivo europeo Frontex, se han incrementado los dispositivos navales y aéreos de control de la zona marítima, primero en colaboración con Mauritania y después con Senegal. Una y otra línea plasman la determinación del Ejecutivo de aumentar el control y expulsar a los llegados en cayucos. Además, la tercera línea se concreta en las ayudas al desarrollo de los países de origen como forma de paliar, a medio plazo, el flujo migratorio y, no nos engañemos, como factor de presión y “compensación” a los Gobiernos africanos respectivos.
Más tarde hemos asistido al publicitado “giro” en la política de inmigración. Los mensajes de firmeza y la retórica de ley y orden se han sucedido en los últimos días. Como parte de ese giro, el partido en el Gobierno ha afirmado su rechazo a posibles nuevas regularizaciones. ¿Qué hacer, entonces, con los 800.000 residentes irregulares?, ¿cómo normalizar su situación?, ¿alguien cree posible y positiva su expulsión? Se trata de un compromiso que hipoteca actuaciones futuras y que supone un reconocimiento implícito de las tesis del PP sobre las consecuencias perversas del último proceso.
Con unas encuestas contrarias y una preocupación extendida, el “giro” sólo tiene un sentido: entrar en la pugna retórica con el PP para mostrar quién es más duro y más firme. Sin embargo, como muestra la experiencia, ése es el terreno predilecto de la derecha. Así, el PP ya ha pedido que se inscriba en la ley la prohibición de realizar regularizaciones extraordinarias, que la dirección de la política de inmigración vuelva al Ministerio del Interior y que sólo puedan inscribirse en el Padrón los inmigrantes legales (7). Por otro lado, las consecuencias de dicha línea ya las vimos con el Gobierno de Aznar: retórica populista, récord histórico de indocumentados y aumento de las actitudes y opiniones populares recelosas respecto a la inmigración.

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1) De acuerdo con las series del INE, la población extranjera aumentó en 694.652 residentes en el año 2002, un 25,9% anual; 361.730 más en 2003, un 11,9 %; y 696.284 en 2004, el 18,6%.
(2) Nota de prensa (INE, 25 de julio de 2006).
(3) Cuando la estancia de un nacional de la Unión Europea en otro Estado miembro distinto del suyo se prolonga más de tres meses o seis meses, según los Estados, se debe comunicar la residencia a las autoridades nacionales y al consulado respectivo. La autorización es cuasi automática y tiene efecto de registro. En España, estas situaciones se contemplan en el llamado régimen comunitario. En términos generales, la inmigración comunitaria laboral dispone de tarjeta de residencia, pero una parte muy importante de la inmigración estrictamente residencial, “los jubilados”, no. Entre otras razones, porque no la necesitan para su vida cotidiana. Así, en enero de 2006, figuraban 274.042 británicos empadronados, pero sólo 149.071 disponían de algún tipo de tarjeta y/o autorización. En el caso de los alemanes, los 150.157 empadronados contrastaban con las 71.513 tarjetas de régimen general contabilizadas.
(4) El País del 26 de julio de 2006 cifra en 1.010.409 el número de irregulares. La Vanguardia, de la misma fecha, titulaba su artículo “España vuelve a tener 800.000 sin papeles”.

(5) El Periódico de Catalunya, 29 de agosto de 2006

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(6) Hay conversaciones con Cabo Verde, Guinea-Conatry, Sierra Leona y Camerún, iniciadas en mayo de 2006 (El País, 26 de mayo de 2006).


(7) El País, 12 de septiembre de 2006.

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Los beneficios económicos de la inmigración en España.

Articulo de Guillermo Oglietti, economista argentino que trabaja en el centro de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (publicado en SinPermiso el pasado 15 de octubre).

 

España se ha convertido, por primera vez en su historia moderna, en país receptor de un importante caudal inmigratorio. La dimensión que está alcanzando el fenómeno, con unos 4 millones de inmigrantes en 2005 resulta curiosamente similar a los casi 4 millones de parados que en 1994 alarmaban la opinión pública. Esta cifra, que representa el 9,3% de la población, maquilla proporciones muy notables en algunos segmentos (el 25% de los trabajadores de la hostelería, el 30% de la población de 30 a 34 años en Baleares, o el 79% de las empleadas domésticas de Madrid), garantizando que la inmigración será uno de los grandes temas de la próxima década.

La necesidad de inmigrantes es tal, que de no contar con su contribución a la oferta de trabajo, la tasa de paro habría sido negativa. Además, las previsiones señalan (Oliver) que en los próximos 15 años la cantidad de inmigrantes podría doblarse o más porque el mercado de trabajo necesitará unos 6 millones para cubrir el desplome demográfico de los españoles. En efecto, los niños que ahora tienen menos de 15 años, 6,4 millones, no alcanzarán a reemplazar dentro de 15 años a quienes ahora tienen entre 16 y 31 años, 8,5 millones. Además, parte de la nutrida cohorte de babyboomers que ahora tienen entre 30 y 44 años comenzará a salir del mercado de trabajo en esta etapa.

Por lo tanto, el verdadero ‘efecto llamada' es la fortaleza del mercado de trabajo español. En la última década el empleo está creciendo al fuerte ritmo de 4,2% anual, una trayectoria incompatible con el crecimiento vegetativo de la población, de apenas 0,23%. También lo sugiere así el caso irlandés, país que, secundado por España, lideró el ranking de crecimiento del PIB de la UE-15 en la última década.

Irlanda tiene un ‘efecto llamada' semejante al español: a principios de los 90 revirtió la emigración de sus ciudadanos, y comenzó a ser un país de destino, al punto que en estos pocos años acumula unos 400.000 inmigrantes, casi el 10% de su población. Visto así, quedan pocas alternativas: recurrir a la inmigración, estimular la fertilidad de los españoles o frenar el crecimiento.

El debate sobre la inmigración no debe circunscribirse al egoísta punto de vista de si el mercado de trabajo los necesita o no. ¡Puede ser más egoísta todavía si se incluyen todos los beneficios que la inmigración genera en el país que la recibe! Como sobre este tema España tiene poca experiencia, conviene recurrir a la de países que la tienen, en especial, EE UU, país formado por inmigrantes que goza de una amplia experiencia en el análisis del impacto económico de la inmigración. Las investigaciones son bastante concluyentes: ¡A corto o mediano plazo la inmigración mejora las condiciones económicas de la población nativa, aumenta la productividad del trabajo, e incluso puede aumentar el ritmo de crecimiento de largo plazo! Los canales por los que se produce este resultado son incontables (a menudo contradicen los prejuicios de la opinión pública), y vale la pena reseñar algunos que parecen especialmente aplicables al caso de España.

¿Caída salarial?

El argumento que considera más desfavorablemente la inmigración se basa en el impacto redistributivo, y da en este sencillo razonamiento: al disminuir el stock de capital por trabajador, aumenta la rentabilidad del capital y disminuye el salario. El efecto final es distributivo (Borjas), porque las pérdidas salariales de los trabajadores son más que compensadas por las ganancias de las empresas. Así, bajo este desfavorable argumento, la sociedad en conjunto sale beneficiada, pero a costa de una mayor desigualdad.

Pero este es un enfoque de corto plazo, porque no tiene en cuenta que el mismo proceso estimula la inversión (incluida la inmobiliaria) para recomponer la relación capital/trabajo, y a mediano plazo se recupera el producto por trabajador. De hecho, no se halla prueba empírica alguna de que la inmigración deprima los salarios reales. Por lo general, es altamente pro-cíclica, y las entradas se producen cuando la economía y los salarios están creciendo.

También debe tenerse en cuenta que la mayor rentabilidad del capital provoca un aumento de su valoración (acciones e inmuebles), lo que también beneficia a la parte de los trabajadores -no despreciable en los países desarrollados-, que invierten su ahorro en acciones o en vivienda. El boom inmobiliario, atizado en parte por la propia demanda de los inmigrantes, ha beneficiado particularmente a los trabajadores españoles que destinan el grueso de su ahorro a adquirir la vivienda propia y salen beneficiados con su revalorización.

En resumen, sobre este impacto redistributivo "Los hechos observados sugieren que la inmigración ayudó a estimular el incremento del stock de capital y la relación capital-trabajo, gracias al aumento tanto de la oferta, como de la demanda de capital" (Carter y Sutch). Coincide con esto la constancia de que los inmigrantes son grandes ahorristas, porque procuran acortar la diferencia de riqueza con los nativos, especialmente inmobiliaria, lo más rápidamente posible.

¿Bajos salarios y menos productividad?

Suele argumentarse que la productividad de los inmigrantes es baja, incluso lo suficiente como para disminuir el producto per capita del país. Sin embargo, haciendo un sencillo cálculo basado en el hecho de que en España hay un trabajador por cada dos personas, para que el producto per capita cayese, sería necesario que la productividad del inmigrante fuera menor que la mitad de la del nativo, y esto no es así, especialmente si están regularizados. También se intenta demostrar que los inmigrantes son menos productivos porque, a igualdad de condiciones, reciben salarios más bajos que los nativos. Aquí conviene recordar que los salarios de los inmigrantes no reflejan toda su productividad, porque una parte de la misma va a parar a una plusvalía adicional de los empresarios que los contratan.

Es habitual que los inmigrantes tengan un nivel educativo superior al de la población nativa. En el caso de España, los registros mostraban, al menos hacia 2001, que la inmigración recibida se encuadraba dentro de esta regla (Manpower). Kuznets describió la ‘importación' de capital humano como uno de los impactos positivos generados por la inmigración, beneficio que disfrutaron los países americanos en los inicios del siglo XX y les permitió ahorrarse el esfuerzo de educar a su propia población.

Pero incluso si los inmigrantes tuviesen menos formación que los nativos, conviene recordar que el grueso del aporte de capital humano de la inmigración no proviene de la educación, sino de un factor muy difícil de medir, que es el ‘ánimo emprendedor', el empuje, la voluntad que los angloparlantes resumen con el vocablo entrepreneurship. Éste es el atributo personal que explica la mayor parte del salario: lo sugiere ya el ánimo de los inmigrantes para desafiar las numerosas barreras, legales, geográficas y sociales, e incluso asumir los riesgos, a veces mortales, de la travesía; prueba de una tenacidad que sin duda explicaría un aumento salarial relevante si se lo permitiesen. Así lo confirman los resultados de EE UU, donde los inmigrantes tardan 5 años en alcanzar el nivel salarial de los nativos, y 10 años en superarlo. Además, puede agregarse que cualquiera que sea el nivel educativo del trabajador, para el país receptor no significó ningún costo generarlo. Lamentablemente, la otra cara del ánimo tenaz y de la educación gratuita que los inmigrantes entregan a la sociedad que los recibe es, sin duda, la mayor riqueza que se les resta a los países de origen.

Desde otro ángulo, suele argumentarse que sin inmigración las empresas estarían forzadas a aumentar la productividad para convalidar el aumento de los salarios. Al respecto conviene notar que la productividad también responde a la estructura productiva de cada país, y el marcado sesgo de España en actividades de servicios intensivas en empleo haría que fuese muy difícil lograr que la escasez de trabajadores se transformase en un aumento de la productividad. A juzgar por la experiencia del pasado, tiene más posibilidades de desencadenar una espiral inflacionaria, imposible de resolver sin que medie una devaluación o una recesión. El crecimiento de la productividad no es una consecuencia inevitable ni instantánea. No necesariamente ha de ocurrir, ni ha de ocurrir con rapidez. Ante una demanda de trabajo que excede con creces la oferta, como en el caso actual de España, seguramente el sistema productivo necesitará un cierto período de adaptación para elevar la productividad, y la inmigración ofrece una oportunidad de aliviar transitoriamente esta imposición del mercado de trabajo.

Desde un ángulo estrictamente productivo, la inmigración es ‘oportuna' porque está estrechamente sincronizada con el crecimiento de la economía y se dirige con precisión a los sectores y regiones que presentan la mayor demanda de trabajadores y la menor tasa de paro. No es habitual encontrar trabajos que incluyan la ‘oportunidad' de la inmigración, pero si la inmigración no acudiese ahí, dónde y cuándo el mercado de trabajo la requiere, las presiones salariales en sectores y regiones puntuales podrían ahogar el estímulo inicial. Este fenómeno es relevante en la economía española caracterizada por estar relativamente cartelizada, de manera que las presiones salariales rápidamente desencadenan inflación. La inmigración ofrece una rápida y precisa herramienta para moderar la espiral inflacionaria porque contribuye a aliviar el exceso de demanda de trabajo, sin perjudicar el desarrollo del resto de sectores y regiones. Así, si bien la inmigración puede haber contenido el aumento salarial en el sector madrileño de la construcción, difícilmente se habrá traducido esa moderación en un menor incremento del salario real en el sector financiero de la ciudad, o de cualquier sector de Extremadura.

Si la economía está en pleno empleo y afronta un período de expansión, se requerirá un largo período de tiempo para que el crecimiento vegetativo suministre la oferta de trabajadores necesaria. La inmigración, en cambio, contribuye de manera inmediata. Aporta una ganancia de flexibilidad al sistema productivo, que le permite aprovechar las oportunidades de crecimiento que no necesariamente tendrían lugar recurriendo al crecimiento vegetativo.

También desde un ángulo productivo mejora la inmigración el ajuste en el mercado de trabajo entre el nivel educativo y la categoría de la posición laboral. Este fenómeno, también llamado ‘sobreeducación', se reduce porque los inmigrantes ocupan los peores puestos de trabajo, empujando a los nativos hacia posiciones más acordes con su formación. El caso del servicio doméstico, que libera a la familia de cargas domésticas, es el ejemplo más palmario de este impacto pocas veces tenido en cuenta.

Además, es muy difícil cambiar la estructura productiva de un país, y si se desea cambiar el sesgo español en actividades de servicios empleo-intensivas de baja productividad, indudablemente será más difícil lograrlo si, además de las dificultades habituales, se sigue cargando con el lastre de un nivel salarial artificialmente elevado; es decir, alto por la escasez de trabajadores, y no por la productividad. La combinación de salarios altos con productividad baja no es nunca lo bastante duradera como para sustentar un modelo de crecimiento.

Auge de demanda

Especial atención debe prestarse al hecho de que la inmigración contribuye al crecimiento per capita aportando su propia demanda. Un reciente trabajo (Caixa Catalunya) señala que, sin inmigrantes, el crecimiento per capita de España podría haberse reducido a la mitad, o menos, del que efectivamente tuvo. Los 3,3 millones de inmigrantes que España recibió en los últimos 10 años representan una estratosférica expansión de la demanda de bienes de consumo y de inversión. La inmigración no solamente contribuye como fuerza de trabajo; también impulsa las ventas, estimulando la inversión y, posiblemente, un incremento de la productividad del trabajo gracias a la mayor escala de producción.

Este listado incompleto de impactos económicos de la inmigración solo intenta sugerir que, al contrario de lo que muchas veces se presupone, y al margen de que España los necesita por razones demográficas, es muy probable que la inmigración genere más beneficios a la población nativa -trabajadores y empresarios- de los que aquella recibirá de ésta. En esta perspectiva, mejorar las condiciones de acogida y facilitar la adaptación de los inmigrantes, más que un acto solidario, es un acto de reciprocidad en provecho propio. La percepción que habitualmente se tiene de la inmigración como parasitaria debe corregirse drásticamente, porque es lo cierto que quienes reciben más que lo que aportan no son los inmigrantes.

Bibliografía:

-Borjas, G. J. (1994). "The Economics of Inmigration", Journal of Economic Literature, 32.
-Caixa Catalunya (2006). "Razones demográficas del crecimiento del PIB per capita en España y la UE-15", Informe semestral I/Economía Española y Contexto Internacional.
-Carter S.B. y Sucth R. (1997). "Historical Perspectives on the Economic Consequences of Immigration into the United States". Historical Paper NBER WP Series, 106.
-Oliver J. (2006). España 2020: un mestizaje ineludible. Instituto de Estudios Autonómicos.
-Oliver J. y Oglietti G. (2003). "La inmigración". Índice laboral Manpower.
-Kuznets, S. (1971). "The Contribution of Inmigration to the Growth of Labor Force". En The Reinterpretation of American Economic History, ed. R. W. Fogel y S. L. Engerman, Harper & Row, New York.

Guillermo Oglietti es un economista argentino que trabaja en el centro de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona en el equipo de investigación dirigido por el catedrático Josep Oliver.

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