OTROCÁCERES

El decreto no tiene otra finalidad que legitimar la especulación pura y dura, el urbanismo disperso y una ordenación del territorio que responde muchísimo más a los intereses de constructoras, promotores y propietarios del suelo que a las necesidades de la sociedad. Estiman que el pretendido fin social de la medida no es tal, sino que, más bien al contrario, lo que persigue es prestar legitimidad a proyectos que de entrada pueden ser percibidos como lesivos por la ciudadanía, por ello consideran que el modelo urbanístico que se quiere imponer se esté realizando de espaldas a la participación social y con la ausencia total de criterios de desarrollo sostenible.

A los ecologistas extremeños les parece increíble que en el actual contexto, en el que la corrupción urbanística empieza por fin a ser erseguida, la Junta se descuelgue con un decreto de estas características con el que, aseguran, puede rozar el mayor de los ridículos; ello es así porque las viviendas sociales, como su nombre indica, deben ubicarse en las ciudades y no en mitad del campo.
Resulta, además, ilógico pretender enviar a personas con renta baja o discapacitadas a ghettos de donde es casi imposible salir si no se dispone de un vehículo privado, sólo para lavar la conciencia de los políticos o los, en palabras de Leonor Flores, "jubilados con cierto poder adquisitivo".

En otro orden de cosas Ecologistas en Acción se opone a este tipo de macrourbanizaciones por lo que suponen de artificialización del medio rural, elevado consumo de recursos, construcción de nuevas infraestructuras, pérdida de hábitats para la fauna, etc. Todo lo cual contribuye, paradójicamente, a la destrucción del hábitat o el paisaje que supuestamente motivó la intervención urbanística.
Asimismo, estiman que si se renunciara a seguir construyendo infraestructuras viarias innecesarias y costosas como las autovías, el AVE o las rondas de circunvalación de muchas ciudades, se podrían financiar adecuadamente auténticas medidas de bienestar social para los mayores y otros colectivos sociales vulnerables sin la destrucción del >territorio que implica las pretendidas ciudades mixtas.

Consideran que todas las Administraciones Públicas con competencias en urbanismo deben optar, dadas las ventajas sociales, ambientales e incluso turísticas que supone, por la sostenibilidad del modelo mediterráneo con pueblos y ciudades compactos y multifuncionales, priorizando los parques públicos bien cuidados en lugar de los jardines privados; las viviendas en bloque, con plena accesibilidad para las personas discapacitadas, en lugar de chalés adosados o pareados, que implican un consumo de agua, suelo, energía y materiales mucho mayor.