OTROCÁCERES

Fuente: Ecologistas en Acción.

Repsol-YPF se enfrenta a toda una serie de denuncias relacionadas con sus actividades en Bolivia:

• Por contrabando de hidrocarburos entre 2004 y 2005, y la consiguiente evasión de impuestos. Este escándalo estalló en marzo de este año.

• Por evasión de impuestos en la importación de maquinaria y el “redescubrimiento” de pozos nuevos en el Campo Margarita (el más rico del país).

• Por estafa al Estado boliviano en un contrato de exportación de gas a Brasil. E

• Por apropiación indebida de subvenciones entre 2002 y 2004.

• Por el presunto daño ambiental a una comunidad guaraní del Chaco boliviano. El pasado noviembre la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu denunció que Repsol-YPF viola los derechos indígenas, ya que realizó nuevos trabajos dentro de las Tierras Comunitarias de Origen sin una consulta previa a las comunidades indígenas (que están en contra de las actividades de la petrolera en su territorio) y sin información sobre el tema, como lo exige la Ley de Hidrocarburos boliviana y el Convenio nº 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).

• Por el fallecimiento de dos personas el 30 de junio de 2005 en el campo Surubi por la explosión de gas venteado (liberado al aire en lugar de ser quemado como obliga la legislación).

• Por último, un grupo de accionistas de la compañía tiene interpuesta una denuncia sobre Repsol-YPF porque se adjudicó como propias las reservas hidrocarburíferas que explotaba en Bolivia y que pertenecen al Estado boliviano. Esto, obviamente, hizo subir artificialmente la cotización de la multinacional en la bolsa.

Además, las actividades de Repsol-YPF afectan en el país andino a varios Parques Nacionales y se superponen a 17 Territorios Indígenas de la región amazónica y Chaco (entre ellos el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Territorio Indígena Chimán, el Área de Protección de la Cuenca Eva Eva - Mosetenes, Territorio Indígena Multiétnico, Bosque Permanente de Producción Chimanes y Parque Nacional Amboró). Resulta obvio que esta actividad está suponiendo un fuerte impacto ambiental y sobre los pueblos indígenas de la zona, como ellos mismos denuncian.

Ante toda esta avalancha de actuaciones, desde Ecologistas en Acción consideran que Repsol-YPF no está siguiendo una estrategia de responsabilidad social corporativa, sino todo lo contrario, demostrando una actuación irresponsable frente a la sociedad y el entorno.

Además, la organización ecologista denuncia que el Gobierno español, por medio de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, salga en defensa de la multinacional. Es decir que, en lugar de dejar actuar al poder judicial, como hace en el Estado español, intente presionar al Gobierno boliviano para que se salte la separación de poderes en el país americano y Repsol-YPF no tenga que responder ante las acusaciones que tiene interpuestas.

En su lugar, en opinión de Ecologistas en Acción, el Gobierno español debería dotarse de un marco jurídico que permitiese juzgar las actuaciones de las empresas españolas en el extranjero, de igual modo que en España se está juzgando el asesinato en Argentina y Guatemala de ciudadanos españoles/as. En ese sentido, la Ley de Responsabilidad Ambiental, actualmente en curso, es una oportunidad que el Gobierno del PSOE no debería dejar pasar.